¿Una legislatura disfuncional?

¿Una legislatura disfuncional?

El gran déficit de la democratización y el pluralismo en nuestro país es que no han logrado elevar el nivel ni la calidad de la política en los congresos legislativos ni en los gobiernos municipales

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Por: Marco Antonio Andrade Aguirre

andrade.aguirre@hotmail.com

El gran déficit de la democratización y el pluralismo en nuestro país es que no han logrado elevar el nivel ni la calidad de la política en los congresos legislativos ni en los gobiernos municipales. 

Es innegable que la confrontación y el disenso, más que la propia discusión política en ambos órganos colegiados o el debate ideológico que de manera natural debiera distinguir a sus integrantes, terminan por generar serios problemas de funcionalidad y en algunos casos, profundos vacios de poder y gobernabilidad como ya ocurrió en 1998 con una petición de Desaparición de Poderes que termino con la Revocación del Mandato de una Presidenta municipal por parte de la LX Legislatura del Congreso del Estado.

La realidad concreta y objetiva es que en la mayor de las veces se abordan temas insustanciales o de importancia secundaria, y en algunos casos verdaderas cuestiones o iniciativas intrascendentes, dejando de lado los asuntos de mayor relevancia social o del interés del ciudadano. 

Los registros y columnas periodísticas de los últimos 20 años son reveladores al respecto. 

Prevalece el cuestionamiento o el recelo personal evidente por nombramientos de funcionarios, interés obsesivo por pagos, gastos de obra o adeudo a proveedores, aclaración de viáticos, mismos que si bien es cierto es importante transparentar al máximo, estos deben ponerse en manos de las unidades de control presupuestal o en conocimiento de las autoridades fiscalizadoras para su aclaración y deslinde. 

Lo paradójico es que, independientemente del origen partidario de los nuevos gobernantes, de una posición estridente y de honestidad intransigente, después viene el silencio y al final no pasa nada. 

Es decir, por más grave o indignante que sea el caso, como ahora sucede con tantísimas carpetas de investigación ministerial abiertas o cerradas por la magia de las influencias del poder, como es la Estafa Maestra o el caso Odebrecht, entre otros, la exigencia de justicia y rendición de cuentas se diluyen antes de que cante un gallo sin consecuencias para nadie. Por eso la corrupción endémica y la impunidad incontenibles a lo largo y ancho del país.

En ese contexto, es pertinente analizar el problema actual del Congreso que no es propiamente un conflicto laboral, sino la disputa silenciosa por la integración de las comisiones y por el control político del poder legislativo en su conjunto. 

Nombramiento de Magistrados, Comisionados del ISTAI, Integrantes de Comisión Seleccionadora del CPC del Sistema Estatal Anticorrupción, Política presupuestal y gasto publico 2019, Tema FEA, Calificación de Cuentas Públicas Estatal y Municipales, Legislación Participacion Ciudadana, Transporte Público, Inversión Social, Desarrollo Municipal, Glosa del Informe y Comparecencias de Secretarios, son asuntos fundamentales de la agenda inmediata del Congreso, cuyo tratamiento tiene una connotación política innegable perfilada hacia el 2021. Por eso el cambio de cerraduras y la locura por quedarse con las llaves. La mitad de la próxima gubernatura esta en el Congreso, y la mayoría calificada de los municipios, también.    

En ese sentido, estamos frente a una problemática aparentemente irresoluble en que ningún factor político ha intervenido de manera decidida para prevenir, y sobre todo, para resolver un entuerto ocasionado por una obvia intencionalidad y una pésima estrategia que ha terminado por lesionar aun más la imagen y la credibilidad del poder legislativo estatal. 

Las singulares reformas constitucionales de julio del 2018 aprobadas por el Congreso tienen efectos legales y políticos expresos y evidentes, pero en algunos casos, contienen tentáculos tan largos que ni sus propios autores midieron sus alcances. 

Dichas modificaciones ni al Príncipe Florentino se le hubieran ocurrido. 

Las reformas a la Constitución de Sonora no son, contrario a la profunda ingenuidad política de sus impugnadores, para establecer “el derecho de veto”, sino para otros fines, entre los que se encuentra, precisamente, elevar a rango constitucional el principio de inamovilidad de los principales funcionarios del Congreso, cuya nueva disposición nos parece jurídicamente acertada, pero nació contaminada por violación al principio de autonomía y soberanía constitucional al haber sobrepuesto al Tribunal de Justicia Administrativa por encima de una decisión plena y absoluta que solamente corresponde adoptar o decidir al Congreso como Poder soberano.       

El callejón sin salida en que se encuentra el Congreso, al margen de la impericia de la presidenta de la mesa directiva, incluyendo a sus tremendos asesores y cerrajeros que la acompañan, tiene un problema de origen que la actual legislatura ha sido incapaz de resolver con serenidad y con el oficio político básico de quienes no únicamente tienen la alta responsabilidad de hacer leyes, sino también la atribución de aclararlas e interpretarlas como lo mandata nuestra carta magna local.      

El primer acto de aplicación de las reformas para proteger los derechos laborales y la permanencia de los altos funcionarios del Congreso se ejecuto en sentido contrario al objetivo de su creación.  

En lugar de firmar una ampliación o un nuevo contrato individual o aprobar un Adendum en el Pleno en los términos del nuevo artículo 64, fracción XXXI y del Artículo Segundo Transitorio del Decreto de reformas, el presidente de la diputación permanente anterior los despidió (SIC), no obstante carecer de facultades expresas o implícitas para ello, y por otra, tampoco hizo efectivo ni notifico dicho despido al Tribunal dentro de los CINCO DIAS a partir de actualizarse la causal del despido o de la negativa de los directores a recibir el escrito como debió hacerlo en términos de ley, permitiéndoles incluso seguir en funciones en forma posterior al inicio de la nueva Legislatura (SIC), por cuya omisión se presume que dicho despido fue Injustificado, máxime que la causa grave para dicho proceder nunca fue calificada por autoridad alguna (SIC) como lo mandata el nuevo texto constitucional. 

El diputado presidente pensando proteger a los Directores les puso una soga al cuello y los dejo parados en el filo de un banquillo de una sola pata. Por eso el entuerto actual. MORENA no los ahorco ni los corrió, los encontró colgados y amparados, aunque busca sepultarlos vivos.

Por su parte, los directores sin estar efectivamente despedidos ni separados del cargo, pidieron un amparo diciéndole al Juez de Distrito “haber sido Despedidos” (SIC), cuando en realidad estaban en funciones del desempeño normal de su trabajo, cuya inocentada opera actualmente en su contra ya que están impedidos para promover un nuevo amparo por violación a sus derechos humanos, no a sus derechos laborales, en razón de que en el momento que dijeron “haber sido Despedidos” es obvio que el Juez jamás les concedería ni la Suspensión provisional ni la Suspensión definitiva como lo solicitaron, por tratarse de actos consumados que solamente puede analizar en la Sentencia final del juicio, en cuya resolución también les negara la protección de la justicia federal, ya que en los procesos de designación y nombramientos de funcionarios llevados a cabo por parte del Congreso de la Unión o  las legislaturas Estatales, el amparo es improcedente por tratarse de actos y decisiones soberanas de un poder del estado.

Ni modo, nunca se percataron que ya estaban amparados, sin haberse amparado. 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

1.- CONCILIAR .- Iniciando con respetar la dignidad personal y restituir íntegramente los derechos de los trabajadores de acuerdo al principio de inamovilidad laboral previsto por la Constitución del Estado que junto a la garantía de legalidad, debido proceso, estabilidad y permanencia en el desempeño de un cargo público, incluyendo los derechos humanos  tutelados por la Carta Magna y la Ley Federal del Trabajo, son de cumplimiento obligatorio conforme a diversos Tratados Internacionales en materia de derechos humanos laborales aplicables en nuestro país.

2.- NEGOCIAR.- Proponer al conjunto de empleados y trabajadores la Terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento con base en un Programa de Retiro Voluntario que garantice el derecho indiscutible a recibir el pago de indemnización constitucional, antigüedad, salario integrado y el total de las prestaciones proporcionales previstas por la ley. 

3.- CONSULTAR.- Solicitar la Opinión Consultiva del Tribunal de Justicia Administrativa sobre la validez del Despido unilateral del Diputado Presidente de la Legislatura anterior para que sea la Sala Especializada quien determine la permanencia, reinstalación o indemnización del personal despedido, cuya Consulta institucional podría ampliarse a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Procuraduría de la Defensa del Trabajo y, no obstante la restricción sobre cuestiones litigiosas, pedir la Opinión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos exclusivamente en materia de Derechos Humanos Laborales tutelados por el Orden jurídico nacional e Internacional, incluyendo a la Barra Sonorense de Abogados para normar una decisión justa y definitiva al respecto.

4.- LITIGAR LA SOLUCION DEL DESPIDO Y JUDICIALIZAR LOS NUEVOS NOMBRAMIENTOS.- Para que sea una autoridad administrativa local y eventualmente el Poder Judicial de la Federación quienes resuelvan en definitiva la constitucionalidad del proceso de Despido y la legalidad de los nuevos funcionarios designados por el Pleno del Congreso conforme a los nuevos requisitos de mayoría calificada prevista por la Constitución del Estado. 

5.- DESIGNAR PROVISIONALMENTE A NUEVOS FUNCIONARIOS.- Cuyo acuerdo estará sujeto a los resultados de las Controversias Constitucionales, Amparos y Acciones de Inconstitucionalidad actualmente en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Juzgados de Distrito, previo Convenio de Separación o Suspensión Temporal de la relación de trabajo con los empleados y trabajadores despedidos, debiendo aprobar el nombramiento de los nuevos funcionarios por tiempo determinado.

Hay solución. Cuidemos el Congreso como la escuela natural de la Democracia.

Salud.