Reforman la Ley de Educación para fomento del buen uso de  herramientas tecnológicas

Reforman la Ley de Educación para fomento del buen uso de herramientas tecnológicas

El fomento del buen uso, de manera responsable y segura, tanto en el hogar, la escuela y los espacios públicos con conectividad, de las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación

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Hermosillo, Son. 8 de diciembre de 2016.- El fomento del buen uso, de manera responsable y segura, tanto en el hogar, la escuela y los espacios públicos con conectividad, de las herramientas tecnológicas de la información y la comunicación, para fomentar a la vez la interacción personal, con especial atención a la convivencia familiar, será facultad y obligación del Estado, por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura, aprobó el Congreso del Estado.

Se trata del Decreto que reforma la fracción XXIII del Artículo 24 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, cuyo dictamen presentó la Comisión de Educación y Cultura, con base a una iniciativa presentada por las diputadas María Cristina Gutiérrez Mazón y Karmen Aída Díaz Brown Ojeda.

Las legisladoras retomaron en su iniciativa una propuesta presentada el pasado mes de abril por los diputados infantiles, por considerar, de acuerdo a la exposición de motivos del dictamen, que el uso de las tecnologías debe ser en forma responsable, en cualquier lugar en el que se encuentren miles de estudiantes y sin que dicho uso afecte las relaciones personales y familiares de cada uno de ellos.

“Para nuestros jóvenes estudiantes, el uso de los medios tecnológicos, como la computadora, impresora, proyector, escáner, internet, entre otros más, se han convertido en herramientas indispensables para el desarrollo de sus actividades de aprendizaje”, leyó la diputada Díaz Brown Ojeda.

Agregó que el uso de Internet constituye una de las herramientas cada vez más utilizadas por los estudiantes, para actividades que no son necesariamente educativas, como lo es el acceso a redes sociales, vídeo juegos y, en el peor de los casos, para acceder a pornografía, situación que provoca que muchos niños y jóvenes sean cada vez más adictos al uso de Internet, ya que dedican más tiempo a navegar por este medio que a tener interacción con sus familiares y otras personas.

En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a las comisiones de Fomento Económico y Turismo, y Especial Río Sonora, una iniciativa con proyecto de ley que crea la zona económica especial para el Río Sonora, cuyo objeto es reducir la pobreza, reactivar la economía y asegurar los servicios básicos.

La iniciativa fue presentada por los integrantes de la Comisión Especial Río Sonora, así como por los diputados José Ángel Rochín López y Teresa María Olivares Ochoa, que de manera conjunta propusieron el fomento a la participación activa de dependencias y entidades de la administración pública estatal, junto con los ayuntamientos pertenecientes a la zona, para que cada uno impulse el desarrollo de la región.

A nombre de quienes promueven, el diputado Rafael Buelna Clark expuso que, derivado de los acontecimientos ocurridos el 6 de agosto de 2014 en la región del Río Sonora, donde se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre, mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados, quedó afectada una zona aproximada de 276 kilómetros que perjudicó a los municipios de San Felipe de Jesús, Arizpe, Aconchi, Banámichi, Ures, Baviácora, Huépac y Bacoachi.

Lo anterior trajo como consecuencia afectaciones productivas, económicas y sociales en la región, mismas que a la fecha se mantienen, esto en perjuicio de las más de 22 mil 878 personas que habitan en la zona, agregó.

“No obstante los esfuerzos que se han generado con la creación del Fideicomiso Río Sonora, para disminuir el impacto ambiental y en consecuencia, económico, productivo y social ocasionado por la Mina Buenavista del Cobre, perteneciente al Grupo México, consideramos urgente y necesario crear una zona económica especial y prioritaria en aquella región de la entidad”, aseveró.

El diputado Javier Dagnino Escobosa, integrante de la comisión, consideró de suma importancia que se transparente el ejercicio del fideicomiso que se creó para atender a la población afectada, además de reconocer el trabajo realizado en esa región por el diputado Fermín Trujillo Fuentes, quien confió que este esfuerzo trascienda el ejercicio de gobierno.

Sostuvo que no pueden heredar a la población afectada un problema más si se cierra la llave del fideicomiso, e invitó a los presidentes municipales del Río Sonora, presentes en la sesión, a cumplir con lo establecido en los artículos transitorios de la iniciativa, una vez que sea aprobada la ley y les reiteró su apoyo.

En el desarrollo de la ordinaria de hoy, el Pleno aprobó un Acuerdo para que en la discusión y análisis del presupuesto de egresos de 2017, se incremente la asignación financiera que garantice una solución estructural justa y permanente para lograr finanzas sanas en el municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora.

A nombre propio y de la diputada Brenda Elizabeth Jaime Montoya, el diputado José Luis Castillo Godínez dio a conocer a la asamblea la grave situación económica en la que se encuentra el referido Ayuntamiento, cuyo municipio está dentro de los nueve con mayor marginación en el Estado, de acuerdo al censo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL 2010.

“La actual administración municipal ha basado sus ejes rectores en subsanar esta problemática, en reducir los índices de rezago social, pero se ha enfrentado a casi nulas participaciones, ya que el ingreso mensual a la Tesorería Municipal por concepto de las participaciones estatales en los primeros diez meses, ha sido en promedio 56 mil 18 pesos”, expresó.

Esta situación ha ocasionado que a la fecha se tengan compromisos financieros urgentes de cubrir, como la deuda de hasta 17 quincenas a los trabajadores de dicho ente de gobierno, constantes cortes por la Comisión Federal de Electricidad al alumbrado público, el corte de energía a los pozos que suministran de agua a la población, altas deudas con proveedores y acreedores, entre otros factores, dijo.

Castillo Godínez agregó que la administración municipal, cuyo Presidente se encontraba presente en el salón, requiere un incremento en el presupuesto de 2017, de 49 a 66 millones de pesos para cubrir necesidades básicas. El Acuerdo se votó por unanimidad y al mismo se sumaron los diputados José Ángel Rochín López y Sandra Mercedes Hernández Barajas.

La legisladora solicitó se incluyera al municipio de Ímuris, por considerar que enfrenta una problemática similar, propuesta que fue aceptada.

También fue aprobado el Acuerdo por medio del cual se resuelve exhortar a los titulares de los ayuntamientos que tengan más de 50 mil habitantes, para que en el ejercicio de sus atribuciones lleven a cabo políticas públicas en materia de desarrollo urbano sustentable.

A nombre del grupo parlamentario del PAN, el diputado Carlos Manuel Fu Salcido expuso que serían las de integrar a sus programas de desarrollo urbano municipal un enfoque integral en el desarrollo urbano y la movilidad de sus ciudadanos y los peatones, con énfasis en la dignidad de las personas.

Que se inviertan y desarrollen estrategias de movilidad sustentable, que fomenten y mejoren el transporte público con perspectiva de género, de los estudiantes y personas de la tercera edad, indicó, así como el fomento y promoción del uso de bicicletas y otros medios ecológicos.

Otras acciones serían la elaboración y publicación de lineamientos que se sustenten en estrategias de movilidad y conectividad, con el fin de promover el desarrollo urbano y mejora del medio ambiente, que potencie la competitividad en un marco de sustentabilidad, permitiendo con esto cumplir a cabalidad con los requerimientos de urbanización y ordenamiento territorial que demanda el desarrollo de las ciudades modernas.

“Es necesario recalcar que falta mucho por realizar para tener políticas públicas en nuestros municipios que cumplan estándares internacionales para la mejora de la calidad de vida en nuestras más importantes ciudades del Estado”, puntualizó.

Otro tema presentado en la sesión ordinaria fue la iniciativa con proyecto de ley de austeridad y gasto público eficiente para el Estado de Sonora y sus municipios, presentada por el diputado José Ángel Rochín López, con el objeto de reducir de manera sostenida el costo de la administración pública, en beneficio de la sociedad.

“Hablamos de austeridad para referirnos al conjunto de medidas económicas encaminadas a reducir el gasto público operativo, con el fin de fomentar el ahorro en la administración pública”, expresó.

La idea fundamental es que el presupuesto se distribuya con justicia social y que los ahorros generados por la aplicación de la ley, de aprobarse ésta, dijo, se concentren en un fondo especial que se destinará a educación, salud e inversión pública productiva estatal.

El diputado Juan José Lam Angulo respaldó la iniciativa, pues consideró, “en estos tiempos es necesario apretarnos el cinturón y asumir medidas de austeridad, ante los anuncios de recortes por parte del Gobierno Federal”.

La iniciativa se turnó a las comisiones Primera y Segunda de Hacienda, en forma unida. La próxima sesión del Pleno se citó para el martes 13 de diciembre, a las 11:00 horas.