Mando Único de facto

Mando Único de facto

El mando único policial propuesto desde mediados del sexenio de Felipe Calderón y mantenido a manera de tentativa por el de Enrique Peña Nieto, tuvo a

Puros Entreteloncitos
Escoria vecinal y política
Inicia ajuste de gabinete

El mando único policial propuesto desde mediados del sexenio de Felipe Calderón y mantenido a manera de tentativa por el de Enrique Peña Nieto, tuvo aplicación muy limitada y focalizada, dados los retenes constitucionales que resguardan soberanías municipales y estatales, así como el ejercicio potestativo de asumirlo o no de parte de autoridades locales.

Esa fue una estrategia diseñada para enfrentar la crisis de violencia y operación de poderosas organizaciones criminales, esas mismas que a pesar de la participación de las fuerzas armadas, detención o muerte de cabecillas, mantienen su presencia prácticamente en todo el territorio nacional, con la consecuente masacre en proceso.

El problema es mayúsculo y al parecer así lo entendieron los gurús al servicio de Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Durazo Montaño, quienes contrario a las prédicas de ambos todos estos años en contra de la militarización del combate a la delincuencia, el anuncio de hace unos días va mucho más allá incluso que la inconstitucionalmente declarada Ley de Seguridad Interior, dejando en nimiedades esfuerzos centralistas y militarizados desplegados hasta ahora.

Ojalá que ese altero de añejas buenas intenciones y hasta ahora utopías, con que acuerpan eso de ir al origen del fenómeno delictivo y no sólo atacar los efectos, den los resultados prospectados, pero por lo pronto, la creación de la Guardia Nacional, su conformación, facultades y competencias, representa un abierto reto a las soberanías de los estados y de los municipios, que si bien obviamente sus esfuerzos han sido insuficientes en el combate y prevención del delito, son las instancias a quien la constitución asigna las tareas que estarán a cargo de ese presunto cuerpo elite.

Alfonso Durazo Montaño

De acuerdo a la propuesta que este día recibirá el Congreso Federal, la Guardia Nacional quedará expresamente encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional y estará dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de las Fuerzas Armadas, que en otras palabras deja a las policías municipales sin sus áreas preventivas, quedando a salvo, suponemos, funciones relativas al tránsito, aunque estaría por verse.

Igual pasaría con las Secretarías de Seguridad Pública de los Estados, hasta ahora encargadas de la chamba que realizará la Guardia Nacional, que distribuidos sus elementos en más de 250 regiones del país, se encargarían de las responsabilidades de las policías estatales, quedando incólumes las obligaciones de las fiscalías estatales, a quienes la Guardia Nacional les remitirá expedientes y detenidos para su debido procesamiento.

El meollo de este embrollo que no acaba de desenredar la abultada justificación de respaldo, es la incongruencia, la reversa de una posición sumamente específica a otra que supera con mucho lo que antes se criticaba, cuestionaba y exigía no combatir un incendio echándole más gasolina, analogía recurrente de López Obrador cuando pontificaba por el regreso de la milicia a los cuarteles.

La verdad es que hasta lástima da la prospectada Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, por sus dramáticas maromas con las que a la vez de ratificar la intención de militarizar el combate a la delincuencia, asegura que esa no es la intención, trabalenguas y galimatías que trae atarantados a grueso sector de publicistas e incondicionales del político tabasqueño.

Claudia Pavlovich

Pues pobre señora, porque en la propuesta se establece que “El mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército Mexicano o, en las zonas costeras, de la Armada de México. La Secretaría de la Defensa Nacional asumirá el mando operativo de la Guardia Nacional, del reclutamiento, adiestramiento y organización de sus efectivos, así como de su equipamiento, despliegue y operatividad”. O sea.

Además, se establece que los efectivos de ese cuerpo provendrán de las policías Militar y Naval, y se pontifica sobre lo que harán, cuando por supuesto, una cosa es hacer valer o aplicar el código de justicia militar y desplegar indagatorias bajo su tradicional secrecía, y otra entrarle a la delincuencia de orden común y federal, y en las mismas está la actual Policía Federal, cuyos integrantes formarán también ese cuerpo base de esa nueva rama del ejército.

Se establece que para acabalar hasta 50 mil integrantes, se convocará a civiles y a jóvenes, a elementos de tropa para que se integren a procesos de formación, “los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares” a cargo de capacitadores del ejército, en un contexto que desmiente en toda la línea a quienes niegan la intención militarizadora de López Obrador.

Llama la atención la voluminosa reiteración respecto al tema de la coordinación de esa fuerza militar, resultando en un soberano enredadero al citarse instancias inexistentes y dejando ver la sujeción casi absoluta de autoridades civiles a las de orden militar y un despliegue de acciones carentes de rigor práctico y que más bien lucen como fantasías.

Ana Gabriela Guevara

También resalta la nueva edición de aquella consigna de Miguel de la Madrid con su Renovación Moral de la Sociedad, sólo que ahora le pusieron Regeneración de la Ética Social, sin dejar de lado la amnistía, su desmovilización y reinserción social de sicarios que demuestren “real arrepentimiento”, así como abundancia de retórica sobre el respeto a los derechos humanos, entre otras fantasías.

Y es menester subrayar que de nuestra parte guardamos profundo respeto y admiración por las fuerzas armadas de este país, que en los últimos años han tenido que aguantar un fuerte desgaste frente a la evidente inutilidad de sus esfuerzos en la guerra contra carteles de la droga y sus efectos en la sociedad civil, que bajo el nuevo formato no creemos que las cosas cambien porque será la misma gata nomás que revolcada.

Habrá que ver si esa militarizada propuesta resiste los seguros recursos de inconstitucionalidad, que en el caso de Sonora lucen muy parcos reconocidos profesionales del derecho quienes sin duda tienen mucho que opinar al respecto, que en el caso del ámbito estatal se entiende su recato en atención a la estrategia que despliega la gobernadora Claudia Pavlovich para construir una relación provechosa para los sonorenses con el gobierno que asume el próximo 1 de diciembre.

Pero a nivel nacional, connotados analistas, incluso allegados a MORENA, consideran que en términos generales, el resultado inmediato del plan anunciado derivará en un empoderamiento militar con una visión castrense a ultranza y en el que sólo va a funcionar la discrecionalidad del Presidente de la República, como ocurrió en las dictaduras latinoamericanas.

Por lo pronto, el que trata de sacarse un varillón enterrado en lo más profundo de su humanidad es Jaime Moreno Berry, ya encarrerado en busca del desquite en contra de nada más y nada menos que de la diputada federal, dirigente estatal del PT y próxima comisionada nacional del deporte, Ana Gabriela Guevara.

Rodolfo Lizárraga

El reconocido mercader de la política regional soltó de su ronco pecho desolotada exigencia de dejar sin efecto el nombramiento y designación emitido por la legislatura estatal de Claudia Indira Contreras como Fiscal General de Justicia del Estado, arguyendo el amparo que obtuvo Gerardo Murrieta, luego de habérsele negado el registro como aspirante a dicha posición por no entregar documentos en los términos de la convocatoria.

Está bueno mi tata p’a mi nana dirían en Yécora, primero la insistencia del de Cananea de pretender trato privilegiado y diferenciado en el proceso de selección solo por decirse amigo de Alfonso Durazo y luego recurrir al amparo con el fin de salirse con la suya, y ahora Moreno Berry recurriendo a tal faramalla para moverle el piso a la laureada nogalense.

Como se recordará, el ahora exdueño de la franquicia PT en Sonora por muchos años, incurrió en varios ridículos y desbarres en sus locas ambiciones por ser diputado local y luego funcionario del Congreso del Estado, con propuestas como aquella de los 500 mil pesos mensuales para cada que diputado los aplicara en gestiones sociales, además de sus frecuentes diarreas verbales que sin ningún decoro desparramaba a la menor provocación.

Ante las cotidianas vergüenzas causadas a la entonces firme alianza con MORENA y PES, a los mandos nacionales del PT no quedó de otra más que aplicarle el rigor de la exclusión de la dirigencia estatal, golpe que lo llevó a varias semanas de ostracismo, hasta que hace unos días se comenzó a mover y a grillar y hasta anunciar que va por la gubernatura en el 2021, pero mientras tanto, obvio que busca restituir su cacicazgo aprovechando que eventualmente Ana Gabriela deje la dirigencia del PT para atender su responsabilidad en la CONADE.

Javier Gándara Magaña

Por lo pronto, Moreno Berry no fue muy lejos por la respuesta porque el posicionado coordinador de la bancada del PT en el Congreso del Estado, Rodolfo Lizárraga, mandó por un tubo la oportunista argucia de su compañero de partido, en el marco de una realidad muy lastimosa, tanto para Murrieta como para su aprontado defensor, ya que en su momento, ningún representante de la alianza en la Cámara de Diputados defendió su causa, dadas las indubitables omisiones en el trámite de su registro.

Y también por el rumbo del PAN hace aire, ya que tal como lo había adelantado, Jesús Ramón Díaz Beltrán interpuso un recurso de inconformidad ante la Comisión de Justicia partidaria del CEN de ese partido, en contra del resultado de la elección que favoreció a Ernesto Munro.

El chocotonito de Javier Gándara Magaña informó que dispone de elementos y observaciones sobre diversas irregularidades que debido a lo cerrado de la votación, son determinantes en el resultado, que si no se atiende su queja en la instancia de su partido, podrá recurrir a la sala regional del TRIFE en Guadalajara para que se resuelva de fondo su impugnación.

Luis Mario Rivera

Y este miércoles hubo mucho movimiento en el Congreso del Estado, toda vez las reuniones de cinco comisiones de trabajo, como son los casos de la de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático que preside Luis Mario Rivera, así como la del Agua encabezada por Miguel Angel Chaira; Minería, presidida por Carlos Navarrete; Francisco Javier Duarte, de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y de la Juventud, y la de Igualdad de Género encabezada por María Luisa Gaytán.

Pero las cosas estarán mucho más movidas este jueves, ya que en el curso de la sesión del pleno, a partir de las nueve de la mañana comparecerá el director del ISSSTESON, Pedro Angel Contreras; a las once y media lo hará el contralor Miguel Angel Murillo, y a la una y media el Fiscal Anticorrupción, Odracir Espinoza Valdez.