La “iniciativa Lamarque” no debe corregirse, debe desecharse

La “iniciativa Lamarque” no debe corregirse, debe desecharse

El mamotreto que para desgracia del diputado federal Javier Lamarque Cano, alcanzó el mote de “iniciativa Lamarque”, es un proyecto de ley que por su pernicioso axioma no admite corrección, sino que debe regresarse al basurero de donde salió

Se sostiene la política de más agua para Sonora
Una hipótesis que conduce a la derrota
Derrota moral y desafío histórico

Por Alberto Vizcarra Ozuna

El mamotreto que para desgracia del diputado federal Javier Lamarque Cano, alcanzó el mote de “iniciativa Lamarque”, es un proyecto de ley que por su pernicioso axioma no admite corrección, sino que debe regresarse al basurero de donde salió. La iniciativa que con toda seguridad se elaboró en los sótanos de la CONAGUA y que se aprobó por la vía rápida en el pleno de la Cámara de Diputados, tiene el cometido recaudatorio de que los productores agrícolas y pecuarios paguen derechos por el uso del agua utilizada para la producción de alimentos. El desatinado intento está a la espera de que el Senado de la República lo rechace y le pida a la Cámara Baja que lo deseche.

En otras entregas hemos dicho que CONAGUA, es una de las dependencias federales que nació para convertirse en un nido de los criterios neoliberales sobre el manejo de las aguas nacionales y durante esta administración esas políticas permanecen intactas. La envoltura con la que se presenta la iniciativa está cargada con todo el desprecio que esa doctrina tiene sobre la producción de alimentos. No hay un solo referente racional en el texto y lo que se aduce es una franca visión monetarista que establece topes arbitrariamente bajos en el consumo del agua, para luego justificar los cobros a quien exceda esos límites. 

Lo hacen a sabiendas de que los requerimientos de agua para la producción de maíz, trigo, fríjol y otros granos básicos, superan por mucho la frontera de los 216 mil metros cúbicos trimestrales que la iniciativa de ley abusivamente establece como límite a partir del cual cobrar los derechos del uso del agua. Estimaciones realizadas por el Distrito de Riego del Río Yaqui y cotejadas con distritos de riego de otros estados con una fuerte vocación granelera, como Sinaloa, Tamaulipas y Chihuahua, consideran que tal medida representaría un pago de 3 mil quinientos pesos por hectárea, incrementando los costos de producción en más del 15 por ciento.

La ocurrencia emerge en el contexto de un proyectado recorte presupuestal del 30 por ciento al sector agrícola  en el ejercicio fiscal 2020. Una combinación de golpes a la actividad agropecuaria que sin duda amenaza con llevar al país a una profundización en la dependencia alimentaria y a desatar un proceso inflacionario en el costo de los alimentos con severas afectaciones a la población consumidora. Son daños directos sobre la producción de granos básicos que incidirán negativamente en la producción de leche, carne y huevos.

Los criterios monetaristas y neoliberales, que echaron raíces en CONAGUA, consideran que la agricultura consume demasiada agua y aporta poco al producto interno bruto. En esa ecuación absurda, no consideran la dimensión y el valor estratégico del agua y de la producción de alimentos. Es descabellado desconocer la consideración relativa que tiene el valor del agua  cuando se trata del uso agrícola, para proteger las cadenas productivas y no desatar una explosión inflacionaria que haría inaccesibles los alimentos para la mayoría de la población, especialmente para los más pobres.

Como diputado Lamarque Cano había permanecido en la oscuridad; estaba en la inocuidad plena. Se debería de haber quedado ahí, en una especie de limbo en el que aparentemente no le hacía daño a nadie. Pero de los sótanos de CONAGUA lo escogieron y le ofrecieron la fama. No le fallaron, porque la fama se logra de muchas maneras, incluso con la desvergüenza y el escándalo.