¿Hacia una dictadura de la Suprema Corte de Justicia?

¿Hacia una dictadura de la Suprema Corte de Justicia?

Si hubo arreglos a satisfacción de las compañías que realizaban obras en el cancelado aeropuerto del Lago de Texcoco, y se llevaron al cabo los estudios técnicos que avalan la viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía, resulta un misterio los argumentos que habrá sostenido un número importante de quejosos para que los jueces federales les hayan otorgado amparos

Crear una fototeca: las dos caras de un proyecto
¿Qué ha cambiado en la política? ¿El gobierno? ¿Los partidos? ¿Nosotros?
Los del Instituto Estatal Electoral se revuelcan en la indignidad

Carlos MONCADA OCHOA

   Si hubo arreglos a satisfacción de las compañías que realizaban obras en el cancelado aeropuerto del Lago de Texcoco, y se llevaron al cabo los estudios técnicos que avalan la viabilidad del aeropuerto de Santa Lucía, resulta un misterio los argumentos que habrá sostenido un número importante de quejosos para que los jueces federales les hayan otorgado amparos. El propósito de éstos era, al menos de manera provisional, suspender estas obras.

  Cualquier ciudadano está autorizado para demandar el amparo de la justicia federal siempre que demuestre, para comenzar, que el acto que reclama de la autoridad le cause perjuicio. ¿A quiénes perjudica el proyecto de Santa Lucía? 

  El segundo misterio es que los jueces federales otorguen el amparo que a los ojos de cualquier pasante de Derecho debería rechazarse por notoriamente improcedente. Pero los ministros de la Suprema Corte de Justicia parece que se sienten llamados a librar una batalla contra el Poder Ejecutivo para prevalecer como el Poder que tomará el control de la vida nacional.

  Se siente en el aire la posibilidad de que la Corte dé un golpe de estado que la convertiría en dictadura mediante el monopolio de la Constitución. Pues ¿cómo pedir amparo contra la autoridad que la viola y que es la misma que lo otorga o lo niega?

  Estamos ante un galimatías que sólo el tiempo resolverá… o confundirá más.

INFORMEMOS CON SENCILLEZ

  Una periodista sonorense le preguntó ayer al Presidente, durante la conferencia de prensa mañanera, qué pensaba hacer respecto del derrame de tóxicos registrado en Guaymas, y qué procedía en el inacabable caso de la contaminación en el río Sonora (desde el sexenio de Padrés) porque, a juicio de la reportera, todavía las consecuencias no desaparecen.

  Ayer mismo, el Monitor Guaymas, que sube noticias a las Redes, publicó que “promete AMLO sancionar a los responsables de los derrames”.

  No, el Presidente no hizo tal promesa. Dijo, respecto del caso de río Sonora, que se revisaría el expediente para ver en qué momento procesal se encuentra, y que se solicitará una investigación completa sobre lo de Guaymas.

  El Presidente no está facultado para sancionar actos que configuran delitos, como es el de los derrames, y no pudo formular la promesa que se le adjudica. No sólo una vez sino en ocasiones reiteradas ha trazado una línea que deja a cargo de la Fiscalía, como lo ordena  la Ley, tales funciones.

  Presentar como noticia que “ha prometido” es más llamativo que citar las palabras que en realidad dijo, pero hace daño a la opinión pública adulterar la información sobre lo  sucedido. A menudo se reprocha a la prensa no informar sobre determinados hechos; probablemente informar mal es más grave aún. (y mucho más grave, diría que imperdonable, dejar a German Larrea que haga su capricho).

carlosomoncada@gmail.com