Durazo

Entretelones
Samuel Valenzuela

Samuel Valenzuela

Debe ser muy comprometedor para el gobernador Alfonso Durazo Montaño la persistente confianza que le tienen productores de trigo del sur de Sonora y de San Luis Río Colorado respecto a que logrará convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador para que cumpla con lo que establece el artículo 133 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y con sus compromisos de campaña.

Al instalarse el plantón permanente en las “oficinas centrales” de la SADER en Ciudad Obregón, hubo alrededor de una docena de oradores representantes de productores del sector social y privado del sur de Sonora y de forma invariable hubo expresiones de reconocimiento hacia el mandatario estatal por su decidido apoyo y gestiones en la lucha porque se aplique un precio de garantía de 8 mil pesos por tonelada de trigo y 7 mil pesos por tonelada de maíz.

Alfonso Durazo Montaño.

Con alrededor de 300 tractores en el plantón, los productores agrícolas cumplieron lo anunciado el fin de semana al endurecer sus exigencias ante el gobierno federal para que se cumpla lo estipulado por el citado ordenamiento legal que a la letra establece: “El Gobierno federal procurará apoyos, que tendrán como propósito compensar al productor y demás agentes de la sociedad rural por desastres naturales en regiones determinadas y eventuales contingencias del mercado, cuyas modalidades y mecanismos de apoyo serán definidos por las diferentes dependencias y órdenes de gobierno participantes del programa especial concurrente”.

Así dice el artículo 133 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, cuyos términos fueron acatados en el ciclo triguero del 2015, cuando la federación respaldó a los productores con un apoyo emergente ya que se presentaron más o menos circunstancias del mercado muy similares a las de esta ocasión y eso es lo que esperan que ocurra quienes ya están por enfrentar carteras vencidas por falta de pago de avíos.

Pero estábamos en la absoluta confianza que los productores han depositado en el gobernador Durazo Montaño, a quien le reconocen sus gestiones pero que también lamentan que hasta ahora las respuestas de la federación no han sido las solicitadas.

El de Bavispe fue convocado a liderar la lucha de los trigueros de la entidad y a seguir insistiendo ante el presidente López Obrador para que cumpla su palabra que empeñó en su campaña en favor de los productores del campo, externando su confianza en que logrará convencer de la necesidad de que los trigueros requieren al menos recuperar los costos de producción para poder estar en condiciones de continuar con su actividad el siguiente ciclo.

Plantón triguero.

También insistieron en que la movilización no tiene distingos de entre pequeños, medianos y grandes productores, ya que las condiciones del mercado amenazan con dejar a todos en la ruina si el gobierno federal los deja en la indefensión, confiando en que a fin de cuentas el presidente cumplirá su dicho de que en la 4T no se traiciona, no se roba ni se miente, que de no atender el reclamo habrá traicionado y mentido a los hombres del campo de Sonora.

Los que se llevaron severo zape fueron el titular de la SADER, Víctor Villalobos y la titular de la Sagarhpa, Fátima Rodríguez, quienes distinto al gobernador, dijeron que se han mantenido ajenos a sus solicitudes de apoyo y no han movido un dedo para apoyarlos.

Como sea, no lucen nada bien las cosas de acuerdo con la aparentemente irreductible posición oficial de responder a sus demandas con las reglas de operación de SEGALMEX, que aportan simples bicocas al valor de la tonelada de trigo y que incluso han encabronado a los productores.
En dicho contexto, el reto que tiene ante sí el gobernador es formidable y no tenemos la menor idea de cómo pudiera hacerle para que el presidente acepte cumplir con su palabra y redireccionar al menos mil 800 millones de pesos para apoyar a trigueros sonorenses, ya que todos coinciden que esa es la instancia, la presidencial, la que debe resolver, nada de la SADER, Hacienda o Economía.

Natalia Rivera Grijalva.

Por lo demás, este lunes a las 0.00 horas vence el plazo que de forma ilegal fue ampliado para el registro de más aspirantes a ocupar la vacante en el Instituto de Transparencia que dejó la ahora titular del INE Guadalupe Taddei Zavala y a estas horas de la tarde la presidenta de comisión de transparencia del Congreso del Estado, Beatriz Cota Ponce no da la cara para adelantar información al respecto.

Esa comisión de transparencia es como la casa del herrero donde tienen un azadón de palo, que en el caso del ISTAI han decidido en lo oscurito desde la cloaca a excepción de la representación de Movimiento Ciudadano, cuyas dos integrantes Natalia Rivera y Rosa Elena Trujillo han insistido en que se sujeten a la norma constitucional y a la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

De hecho, este lunes interpusieron ante el Tribunal Estatal Electoral denuncia por violentarse el proceso legislativo y recurso de juicio para la protección de los derechos político-electorales por la ampliación ilegal del registro de aspirantes, acuerdo que concretaron en una sesión realizada a través de whatsapp y fuera de la práctica parlamentaria que prevé la constitución.

Dicho recurso interpuesto pondrá a prueba a los magistrados Leopoldo González Allard, Vladimir Gómez Anduro y Héctor Sigifredo II Cruz Íñiguez, quienes está por verse resistan las seguras presiones a las que serán sometidos por quienes son los responsables por los momentos más oscuros y vergonzosos de la historia legislativa de la entidad.

“Esperemos que el tribunal resista los cañonazos de las presiones de Palacio de Gobierno y actúe con la misma línea que la Suprema Corte de Justicia de la Nación; esperemos que sigan los criterios de respeto a la legalidad”, apuntó Rivera Grijalva al subrayar que no solo por ser mayoría, MORENA y verrugas en el Congreso del Estado, no les da licencia para pasar por encima de la ley.

Guadalupe Taddei Zavala.

Habrá que esperar a ver con qué salen esa bola de indecentes en sus propósitos de control de un organismo al que le quieren arrebatar la autonomía y cancelar el derecho a saber que tenemos todos los sonorenses mediante un procedimiento viciado de origen.

Por cierto, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, la ya mentada Guadalupe Taddei Zavala tiene ante sí la oportunidad histórica de someter al marco de la ley a funcionarios públicos que de forma abierta perpetran delitos electorales al desviar recursos financieros, materiales y humanos de instancias de gobierno para promover sus aspiraciones políticas.

Hasta por oficio debería de iniciar procedimientos sancionatorios contra quienes hasta puede atrapar en flagrancia, infraganti porque las y los perpetradores han perdido toda decencia y realizan campañas adelantadas a la vista de todos, con discursos, declaraciones, eventos y toda esa parafernalia promocional que no deja dudas sobre sobre las intenciones de esas y esos delincuentes.

Irrita, ofende a la inteligencia ciudadana las rústicas simulaciones y montajes con el que se pretenden vestir mítines políticos con ropaje para que parezcan actos institucionales de gobierno, pero más ofende el que lo hagan con total desparpajo e impunidad.

Lupita Taddei debería aprovechar el cinismo del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien mientras denuesta a opositores y propagandiza hasta la saciedad el continuismo de su proyecto y permanencia de su partido en el poder, pontifica sobre las consecuencias penales que enfrentan servidores públicos que favorezcan a candidatos o partidos.

Andrés Manuel López O.

Hasta el ecléctico senador Ricardo Monreal Ávila ya pegó de gritos por la indecencia de sus colegas corcholatas que aspiran a la presidencia de la república, al hacer denuncia pública contra gobernadores, que con todo descaro organizan eventos político-electorales al o a la de su preferencia, aunque el político zacatecano no es el único, ya que sus dichos son repetidos por doquier, incluso entre altos perfiles de MORENA.

Resultaría ocioso entrar en detalles e identidades de quienes despliegan rústicas estrategias de simulación para tratar de aparentar respeto a la ley mientras la violan: “Ellos saben que no deben utilizar el presupuesto público, además es ilegal, en la Constitución ya está establecido que la compra del voto se considerara delito grave o el uso del dinero del presupuesto para favorecer a partidos y candidatos; y delito grave significa ir a la cárcel sin derecho a fianza”, advirtió el presidente.

“Nadie puede hacer eso y los gobernadores lo saben…y lo saben todos los funcionarios”, acotó López Obrador para luego vomitar sus tradicionales catilinarias en contra de la oposición, en el marco de una campaña negra permanente desde la más alta tribuna del gobierno federal, desde donde predica también los presuntos logros de su administración mientras sus fracasos se observan por todos lados.