Compras de gobierno abiertas y a la vista de todos proponen congresistas del MC
Una nueva Ley que regule mejor las compras que hace toda oficina que maneje dinero público, con procesos de adquisición más abiertos, participativos, confiables, con verdadera competencia y resultados que se puedan medir, propuso la diputada de Movimiento Ciudadano, Natalia Rivera.
En sesión de Congreso, la legisladora hermosillense planteó un ordenamiento de 104 artículos que da más poder al ciudadano para vigilar de cerca a todos los funcionarios responsables de las compras públicas, sin excepción, así como para conocer de cerca si los proveedores están cumpliendo o no con las reglas y compromisos en sus contratos.
En su exposición de motivos, la legisladora del MC resalta la importancia de que la nueva Ley aplique a todas las oficinas que manejen recursos públicos, con independencia del poder, nivel o autonomía que tengan, al tratarse de dinero de todos los sonorenses.
«En Sonora, se invierten más de 3 mil millones de pesos en contratos de gobierno, recursos que deben ser ejercidos bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, por lo que las reglas para comprar con recursos públicos deben mejorarse constantemente», señaló Rivera Grijalva.
Por ello, la iniciativa propone nuevas formas de comprar para el gobierno que generan una verdadera competencia entre proveedores, con lo que no sólo se disminuye la posibilidad de abusos, favoritismos y corrupción, sino que se obtienen productos y servicios de mejor calidad a un mejor precio, como sucede cuando se utilizan más las licitaciones públicas, las subastas electrónicas a la inversa y se utiliza un catálogo de precios para las compras que no van concurso, o adjudicaciones directas.
La propuesta contempla por primera vez en una Ley de este tipo en Sonora, un capítulo especial para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas cuando participan en procesos de compra del gobierno, con incentivos y condiciones especiales para que puedan competir en igualdad de condiciones a pesar de no ser grandes corporativos.
De igual forma, se abordan temas como la planeación de las compras, el registro único de proveedores, el catálogo de precios para las compras directas, la prohibición de pagarle a empresas con cuentas pendientes o que simulan operaciones, la profesionalización de servidores públicos que participan en licitaciones, y su obligación de entregar un informe detallado de cada compra y de los resultados que se alcanzaron con la misma.
En el tema de castigos a servidores públicos, se describen procedimientos claros para garantizar la integridad y sancionar toda práctica ilícita, abusiva o desleal, en tanto que en cuestión de información pública se establece un listado de documentación y datos mínimos que toda oficina convocante debe publicar en línea sobra cada compra que haga por más mínima que sea.
Con el respaldo de Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, México Evalúa y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la iniciativa retoma las recomendaciones de organismos internacionales, por lo que de aprobarse, pondría a Sonora a la vanguardia en cuanto a transparencia, apertura y evaluación de las adquisiciones del gobierno. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.