Hay afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se proponen un borrón y cuenta nueva en términos históricos
Por Alberto Vizcarra Ozuna
Hay afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se proponen un borrón y cuenta nueva en términos históricos. Un contrasentido en quien repetidamente se refiere a las transformaciones históricas del país y se pone al frente de la cuarta transformación. Acaso el impulso refundacional lo lleva al sentimiento de que todo es nuevo a partir de su presidencia. Posturas así, no le permiten apreciar adecuadamente el andamiaje institucional del que aún goza el país para dirimir sus conflictos y seguir avanzando como una república constitucional que funda su democracia en la justicia social. Esto nos constituye en un régimen basado en el respeto a las garantías individuales y sociales.
Se olvidó de esto el presidente, en su discurso del domingo 13 de febrero, cuando en el pueblo de Tórim (territorio de la Tribu Yaqui, sur de Sonora) y frente a algunos gobernadores tradicionales de la etnia, dijo que ante los recursos de amparo otorgados por un juez federal a integrantes de la tribu yaqui y directivos de la Iglesia Tradicional, que se inconformaron contra su decreto del 28 de septiembre del 2021, él solicitará al ministro Arturo Saldivar, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deseche los amparos promovidos contra el decreto. Y luego afirmó que el argumento para pedirle a la corte que desestime los amparos, es que valore el asunto del agua, “como un asunto de Estado”.
La inconformidad de los yaquis contra el decreto de Andrés Manuel López Obrador, es porque además de contener inconsistencias técnicas graves en la entrega del Distrito de Riego 018 a la etnia, omite la cancelación del Acueducto Independencia, obra con la que ilegalmente se le sustraen considerables volúmenes de agua a la Cuenca del Río Yaqui para desviarlas a la ciudad de Hermosillo, capital del estado de Sonora, propinándole con ello un golpe existencial a la tribu y a las actividades productivas del sur de Sonora.
El mismo decreto, para persuadir a los yaquis de que no se opongan al desvío de sus aguas con el acueducto, les ofrece la entrega de más agua en una proporción mayor a la otorgada por la resolución presidencial de Lázaro Cárdenas en 1939. La tribu siempre sospechó que la oferta de más agua es una trampa para que desistan de sus derechos sobre la parte alta de la cuenca del Río Yaqui al consentir la operación del acueducto. Lo terminaron de confirmar con la visita realizada a su territorio por la Sub Directora nacional de CONAGUA, Elena Burns, a principios del mes de febrero, quien dijo que “a como están las leyes actuales y bajo estas circunstancias no podemos otorgar un título al pueblo yaqui por más de 250 millones de metros cúbicos”, que son los contemplados originalmente en el decreto de Lázaro Cárdenas. La funcionaria admite que en las circunstancias actuales resulta imposible entregar a la tribu yaqui 670 millones de metros cúbicos como lo presume el decreto de López Obrador.
Tales inconsistencias presentadas por los yaquis quejosos en su demanda de amparo, llevaron al juez federal a otorgar el beneficio de la medida cautelar a la que todo ciudadano y comunidad tiene derecho. Al presidente le basta considerar que su acción es buena y que por lo mismo así debe de ser entendida, apoyada y aceptada por todos. Al encontrar interpuestos estos recursos legales en contra del decreto, en lugar de escuchar la inconformidad de los integrantes de la tribu yaqui, hace un desplante desmesurado frente a una comunidad extremadamente pobre y vulnerable. Trata a los yaquis quejosos como si fueran poderosos grupos de interés corporativo que ponen en peligro al Estado Mexicano.
Se ha vuelto común que el presidente no mida el alcance de sus dichos. Pero lo sostenido el domingo 13 de febrero, cuando amenaza con prácticamente darle órdenes al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se suspendan los juicios, desechando los amparos concedidos a la tribu, con el argumento de “asunto de estado”, el presidente cruza una línea muy delicada y peligrosa. Sus palabras son un eco de las voces que en momentos de crisis han planteado suprimir la separación de poderes, acabar con el “estorbo” del respeto a las garantías individuales y reivindicar la vuelta al mandato imperativo.
Los yaquis han interpuesto los recursos legales en su defensa, pero le tienen extendida la mano al presidente. El Plan de Justicia debería de contemplar la cancelación de la operación ilegal del Acueducto Independencia y aceptar la propuesta de unificación en torno a una política de gestión de más agua con la tecnología de la desalación y el gran proyecto sobre la costa del pacífico, el Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO).