Válgame, tantas expectativas que se generaron porque este miércoles el Contralor Guillermo Noriega Esparza daría conferencia de prensa como reacción a las histerias y berrinches por el nombramiento de la exgobernadora Claudia Pavlovich como Cónsul en Barcelona y todo resultó en numeralia y descripción de la normatividad general sobre cómo es el ejercicio de esa dependencia estatal
Válgame, tantas expectativas que se generaron porque este miércoles el Contralor Guillermo Noriega Esparza daría conferencia de prensa como reacción a las histerias y berrinches por el nombramiento de la exgobernadora Claudia Pavlovich como Cónsul en Barcelona y todo resultó en numeralia y descripción de la normatividad general sobre cómo es el ejercicio de esa dependencia estatal.
“Salimos como llegamos”, nos comentó asistente a dicho encuentro anunciado desde un día anterior por el mismo gobernador Alfonso Durazo Montaño, para que el de pronto robusto Contralor hiciera las precisiones que suponíamos serían para fundamentar que la exgobernadora no merece representar a México en el extranjero, en función de las expresiones que le escuchamos decir el martes antes de la conferencia del gobernador.
Miren, renegar del nombramiento de Claudia Pavlovich toda vez que aún no concluyen los procesos de auditoría de su ejercicio o del ejercicio de su administración, no es otra cosa que emitir condenas adelantadas, y sacar conclusiones a priori en función de fobias y ansias de venganza, así como también se incurre en frivolidades frente a asuntos eminentemente técnicos.
El hecho es que Noriega Esparza dio un generalizado informe del avance de las auditorías en proceso y él mismo reconoce que para sacar conclusiones se requerirá de mucho más tiempo, en algunos casos más de seis meses, sin que diera a conocer con precisión del hallazgo de irregularidades, concretándose a describir el objeto de las indagatorias sobre el ejercicio de gobierno entre septiembre del 2015 y septiembre del 2021.
Por supuesto que no somos expertos en estos temas, pero a ojo de buen cubero pudiera estar dándose el caso de duplicidad de esfuerzos, porque todos esos ejercicios fueron realizados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, auditados por despachos contables externos, revisados y dados trámite por la legislatura estatal, así como sancionados por la Auditoría Superior de la Federación en lo que corresponde al destino de recursos federales.
Nos consta el impecable trabajo de Miguel Angel Murillo en la Contraloría e incluso, suponemos que su sucesor en dicho puesto trabaja sobre lo ya hecho por el Ronco de la Ladrillera, cuya persistente intención, logró la reducción histórica en las observaciones al gasto por parte del ISAF, desde donde el ya jubilado Jesús Ramón Moya Grijalva trajo de la cola a todos los sujetos fiscalizables, logrando consecutivos reconocimientos en materia de transparencia y eficiencia del gasto a nivel nacional.
Pero como sea, nunca sobrarán acciones que garanticen el correcto uso de los recursos públicos y qué bueno que el Memo Noriega le ponga alma, corazón y bofe a sus afanes justicieros, esos mismos que en la conferencia de prensa aludida fue como poner la aburridora, según algunos de los asistentes consultados, llegándose a la conclusión de que hubiera sido mejor quedaron con la excelente exposición del día anterior de parte del gobernador Durazo, quien como se sabe, se la rifó y estableció las condiciones sobre cómo su administración enfrenta este tipo de asuntos.
Desde nuestra perspectiva lo más fuerte de los dichos del Memo, fue en torno a la llamada Estafa Maestra y Operación Zafiro, que en todo caso están en manos de las instancias federales e incluso reconoció que buscan la forma de reactivar en el caso del primero e intentar reiniciar procesos penales en lo que corresponde al segundo
Independientemente de lo anterior y de la controversia en torno al mentado nombramiento, llama la atención el ruidoso silencio que guarda la exgobernadora, quien se ha abstenido de utilizar vías tradicionales de comunicación para fijar su postura, en el marco de su tradicional prudencia hasta en los momentos más álgidos que le han tocado enfrentar.
Por su parte, hace bien el dirigente estatal del PRI de no ser partícipe de dicho asunto, toda vez que se trata de un tema que corresponde atender a la dirigencia nacional de su partido y si bien los efectos son locales, poco que hacer ante la invitación presidencial y la presunta aceptación de quien fuera la primera priista de la entidad.
En fin, mucho ruido y pocas nueces con el memito de la contraloría, quien a lo mejor debería de hacerle como le hizo el titular del Isssteson, Jesús Manuel Acuña Méndez, quien en insólita demostración de inteligencia, optó por retraerse ante los medios de comunicación hasta tener algo importante qué decir y ahora nos dicen se ocupa en lo sustantivo en lugar de hacerle al troglodita con el apoyo de su costosa granja de troles.
Mientras tanto, en el Congreso del Estado hubo sesión de la Diputación Permanente que preside Jacobo Mendoza Ruiz, durante la cual se dio trámite al exhorto de la bancada del Partido Movimiento Ciudadano, para que el Poder Judicial del Estado de Veracruz, garantice que se juzgue con imparcialidad y en estricto apego a los derechos fundamentales “respecto de la ilegal detención y vinculación a proceso de José Manuel del Río Virgen”, en un tema muy del centro del país.
Distinto el punto de acuerdo propuesto por el diputado Sebastián Orduño Fragoza, relativo a exhortar al ISAF y al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Guaymas, para que realicen auditoría respecto de la obra conocida como “Playa Incluyente de San Carlos”, para determinar responsabilidades sobre el fiasco que resultó y se inicien responsabilidades en contra de quien “actuó de forma ilegal e irresponsable en la planeación, autorización y ejecución de dicha obra”.
Miren, los órganos de fiscalización correspondientes no necesitarán batallar no complicarse la vida para atender la solicitud del legislador porteño, ya que es público y notorio que en dicho proyecto tan inservible, hubo actos evidentes de corrupción, desde los costos de los trabajo, materiales usados, calidad de la obra y como dice el diputado en su exhorto, en la planeación de la misma, que resultó en ocho millones de pesos tirados a la basura o buena parte de ese dinero en la cartera o en cuentas bancarias de funcionarios municipales venales.
Sin salirnos del rumbo, excelente la decisión de la alcaldesa Karla Córdova al informar que por las actuales condiciones sanitarias debido a la alta transmisibilidad del Covid-19, el Carnaval de este año no se llevará a cabo y que los recursos asignados a la comuna para armar esa fiesta popular se utilizarán para hacer más eficiente la prestación de servicios públicos.
Argumento importante para la cancelación, es que si bien Guaymas se encuentra en color verde del semáforo epidemiológico y el virus no está pegando tan duro, obvio que el carnaval no es exclusivo de guaymenses, ya que atrae asistentes de diversas regiones de Sonora e incluso del extranjero, razón suficiente para considerar que las naturales aglomeraciones dispararán los contagios.
Sabe porqué no se aplica el mismo criterio en el caso del Festival Ortiz Tirado en Alamos, porque prácticamente enfrenta similar riesgo, con el agregado que esa colonial comunidad está en color amarillo, dura más días y reúne más gente, también de todas las regiones de Sonora.
Por otra parte, vaya que han resultado complicados los planes de justicia que promueve el gobierno federal para la tribu yaqui y Cananea, ya que por impaciencia, desconfianza o incredulidad, se han emprendido diversas acciones que van desde amparos y operación de ilegales retenes, hasta manifestaciones y bloqueos de vías de comunicación.
De sobra conocido lo que ocurre sobre la carretera de 4 carriles a su paso por territorio yaqui y a diversas acciones emprendidas por liderazgos de la etnia frente a un plan de justicia que en muchos de sus apartados todo indica que fue hecho con las patas.
Y luego están las movilizaciones que emprendieron desde el pasado martes integrantes de la extinta sección 65 del Sindicato Minero, que con bloqueo total de la carretera Imuris-Cananea, Cananea-Agua Prieta, exigen ser tomados en cuenta por las buenas intenciones presidenciales, especialmente en lo que se refiere el que su antiguo líder, Napoleón Gómez Urrutia les entregue aquellos 55 millones de dólares que resultaron como bono a los trabajadores mineros de Cananea, por el producto de la venta al Grupo Minero México y que todo indica el Napito se los gastó durante su largo exilio en Canadá.
A estas horas de la tarde sabemos que se mantiene el bloqueo que afecta a cientos de vehículos y que el secretario de Gobierno Alvaro Bracamonte despliega sus habilidades conciliatorias para convencer a los manifestantes a abandonar sus barricadas, así como evitar que las cosas no pasen a mayores, dado el enojo e irritación de trabajadores del volante y viajeros que ya tienen muchas horas inmovilizados.