Hace alrededor de 10 días el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció, que en el marco del plan de austeridad de su administración, se eliminaría el pago de compensaciones adicionales al sueldo de la burocracia estatal y que tal egreso de la nómina se sujetaría estrictamente al tabulador oficial, según su nivel de puesto en el aparato burocrático
Hace alrededor de 10 días el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció, que en el marco del plan de austeridad de su administración, se eliminaría el pago de compensaciones adicionales al sueldo de la burocracia estatal y que tal egreso de la nómina se sujetaría estrictamente al tabulador oficial, según su nivel de puesto en el aparato burocrático.
No tenemos información respecto a si en el pago de la primera quincena de funcionarias y funcionarios recién ingresados a partir del 13 de septiembre pasado y a quienes sobreviven al relevo, les fue rasurada esa compensación y tampoco se ha dado a conocer a cuánto ascendería el ahorro por la eliminación de dicho rubro que gozan no solo empleados de confianza, sino sindicalizados de dependencias estatales y organismos autónomos, incluidos los municipios.
De acuerdo a lo que sabemos sobre ese tema y porque el pago de compensaciones adicionales al sueldo es una práctica común desde hace muchos años, el ahorro presupuestal debe ser cuantioso y seguramente el secretario de Hacienda Omar del Valle Colosio ya debe haber hecho cuentas, aunque no lo informó durante su participación en la conferencia de este martes acompañando al gobernador.
Sirva de ejemplo lo dado a conocer por el regidor de la comuna capitalina, David Figueroa Ortega, en cuyo primer ingreso como funcionario público municipal, recibió un par de cheques, uno por poco más de tres mil 700 pesos como sueldo base y otro de poco más de 13 mil pesos como compensación y lo mismo ocurre en el Congreso del Estado y en toda la estructura estatal.
Y una cosa lleva a la otra, porque la descapitalización y la permanente crisis del Fondo de Pensiones que sufre el ISSSTESON, se debe a esa compartimentación en el pago de la nómina a personal de organismos afiliados, ya que los descuentos por dicho rubro se calculan en función del salario base y hasta no hace tanto, el monto de la pensión se definía a partir de los ingresos totales del servidor público en retiro.
Incluso las cuotas sindicales se pagan en función del sueldo base, así como el impuesto al trabajo, entre otras deducciones, quedando limpia de polvo y paja la compensación, cuya eliminación creemos que no será tan sencilla toda vez que su asignación está normada por la ley y son consideradas prestaciones firmes, a excepción de aquellas que rebasen los términos que indica el mismo tabulador.
Miren, de acuerdo con el tabulador de sueldos publicado en la página de transparencia de la Secretaría de Hacienda y con carácter legal y legítimo, las compensaciones adicionales o especiales van de los 2 mil 500 pesos a los 21 mil 100 pesos y las reciben los niveles 1B-3B, con 2 mil 500 pesos; 4B-5B con 3 mil pesos; 6B-9B con 3 mil 500 pesos; 9C-10C con 5 mil.
El nivel 11C recibe hasta 5 mil 950 pesos de compensación; el nivel 12C de directores generales 9 mil 800 pesos; el nivel 13C que corresponde a subdirectores recibe 19 mil 600 y el 14C de los secretarios recibe 21 mil cien pesos adicionales a su sueldo que es de 75 mil 600 pesos mensuales.
Habrá qué ver si el gobernador y su equipo hacendario pueden avanzar en dicha propuesta y sigan su ejemplo los ayuntamientos y los otros poderes del Estado, organismos autónomos y demás, aunque subyace el riesgo de que al eliminarse ese ingreso adicional, para una buena parte de la burocracia deberá ser muy poco atractivo trabajar en el gobierno.
En todo caso, la propuesta del gobernador a lo mejor tiene el limitado alcance de su gabinete legal y ampliado, o sea, eliminar las compensaciones a solo ese espectro de la administración estatal, lo cual a lo mejor así es, dada su insistencia en citar los altos ingresos que por siempre ha gozado la casta burocrática en turno a través de los sexenios, aunque para lograr un impacto mayor en el ahorro presupuestal, podría extender la eliminación para todo el personal de confianza, a partir del nivel 9.
En la conferencia de prensa de este martes, el mandatario lidió con los de dulce, de chile y de manteca en materia de cuestionamientos y la verdad es que lo hizo bien, destacando que en varias veces lució como pescado enjabonado, pero atendiendo las inquietudes de los representantes de los medios de comunicación que atiborraron la sala de prensa del Ejecutivo, quien hasta donde escuchamos vía redes sociales, no dejó sentido a nadie.
La buena noticia es que Sonora mantiene el impulso y la aviada que le imprimió la administración anterior en materia de creación de empleos, ya que de acuerdo al IMSS, en el mes de septiembre se crearon casi 13 mil 200 empleos, lo cual nos ubica como el cuarto estado a nivel nacional, lo cual es un buen signo para la economía estatal y por supuesto para quienes por fin encontraron chamba.
El tema del ISSSTESON es todo un caso. A partir de la crisis sanitaria por el Covid-19 ese noble organismo entró en la problemática que afectó a todo el sector salud del país y se atoraron las estrategias de saneamiento financiero impulsadas primero por Enrique Clausen y luego por Pedro Angel Contreras, logrando ambos mantenerse al día en el pago de pensiones y seguir dando servicios médicos a afiliados al menos de mayor calidad que en el IMSS.
Hay que recordar que en el 2015 la gobernadora Claudia Pavlovich recibió un ISSSTESON saqueado, víctima de la rapiña y el fondo de pensiones desfondado, toda vez que la secretaría de hacienda no le derivó por varios años las retenciones de cuotas de afiliados y se concretaba mes a mes mal cubrir el pago de las pensiones, mientras dejaba tirados docenas de juicios que a la postre fueron en contra del instituto por abandonar esos litigios que ahora representan la megapensiones que reciben alrededor de un centenar de la casta dorada de jubilados de la administración pública estatal.
Luego de la reforma a la Ley 38 aprobada en junio del 2005, para el 2009 el gobierno de Eduardo Bours pudo capitalizar el fondo de pensiones con 480 millones de pesos, que de haber continuado dicha tendencia, se pudo haber fondeado en casi dos mil millones de pesos en los siguientes seis años, pero como se sabe, la ratería imperó y en menos de seis meses esos 480 millones de pesos se esfumaron.
Así como ahora en la naciente administración estatal, en lo más álgido de la crisis del organismo, siempre se han pagado las pensiones, resintiéndose más en todo caso, la prestación de servicios médicos y el surtido de recetas.
Se entiende por eso el anuncio del ahora director Jesús Manuel Acuña Méndez, respecto a que el pago de la quincena a pensionados y jubilados será en dos tiempos: al 92 por ciento de ellos o sea, casi 17 mil se les cubre a partir de hoy y al restante 8 por ciento, suponemos los beneficiarios de las megapensiones, se les cubrirá, entre el 17 y 18 de este mes.
Y respecto de la baja de alrededor de cinco mil servidores públicos que al 30 de septiembre no cumplieron con presentar la actualización de su declaración patrimonial, pues como dirían los clásicos, a la estrenada administración estatal les cae como anillo al dedo, porque sin un alto costo financiero podrán desocupar plazas para dar ubicación a tantas y tantas que sienten que se están quedando como novias de rancho o como el chinito, mientras arribistas, corruptos y oportunistas les comen el mandado.
Por rumbos del Congreso del Estado también hubo mucho trajín, con varios asuntos importantes en el orden del día que dio vista la representación popular sonorense, como es el caso de la propuesta del coordinador de la bancada del PRI, Ernesto de Lucas con el fin de que los propietarios de carros chuecos puedan contratar seguros de daños a terceros cuyos deducibles sean accesibles
El diputado expuso que es una realidad el hecho de que la capacidad de ingreso económico en los hogares en la entidad es insuficiente para poder estar en posibilidades de tener un automóvil nuevo o inclusive usado, por lo que adquirir autos de procedencia extranjera no regularizados, ha sido la opción para miles de familias Sonorenses.
Como se sabe, actualmente, el artículo 316 de la Ley de Hacienda de Sonora, establece que Secretaría de Hacienda deberá contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil a favor del titular de licencia de automovilista, sin embargo, se encuentra condicionado a un pago de un deducible de elevado costo, lo cual lo hace poco atractivo y realista para la gran mayoría.
Es por eso que en tanto se concreta el proyecto de regularización anunciado por la presidencia de la república, el legislador priista propone la creación de un fondo para el apoyo de las familias sonorenses en mayor situación de vulnerabilidad, que cuenten con un automóvil de procedencia extranjera, con el objetivo de llevar a cabo la contratación de un seguro de automóvil para daños a terceros, cuyo deducible sea de acuerdo a su situación económica.
Por su parte, muy bien la diputada del PAN Alejandra López Noriega al proponer diversas reformas al Código Penal, Código de Familia, Ley del Registro Civil, Ley del Servicio Civil y la Ley del Instituciones y Procedimientos Electorales, todas del Estado de Sonora, relativas al cumplimiento de obligaciones familiares y de sanciones contra quienes incurran en irresponsabilidad.
Se trata de establecer bases justas y la garantía de proteger en todo momento el derecho humano al alimento, salud, educación y vivienda de los dependientes, además de establecer candados para que la persona obligada que incumpla con el pago de la pensión alimenticia, adquiera nuevas responsabilidades civiles.
De la misma forma, el coordinador del grupo parlamentario del PT, Sebastián Orduño propuso reformar la Constitución política local, así como la Ley Estatal de responsabilidades, para endurecer sanciones a funcionarios corruptos, como incrementar los tiempos de inhabilitaciones y plazos para juicios políticos, además de la prohibición de que vuelvan a ocupar puestos en el gobierno.