Hace unos días, vía la informalidad del tuiter, el titular de Hacienda, Omar del Valle Colosio denunció públicamente que le clonaron la imagen en cuentas de WhatsApp y Facebook y este sábado similar denuncia hizo El coordinador del Sistema Estatal de Comunicación Gubernamental de Sonora, Edgar Hiram Sallard, pero ahora el hackeo fue al teléfono del mismo gobernador Alfonso Durazo Montaño
Hace unos días, vía la informalidad del tuiter, el titular de Hacienda, Omar del Valle Colosio denunció públicamente que le clonaron la imagen en cuentas de WhatsApp y Facebook y este sábado similar denuncia hizo El coordinador del Sistema Estatal de Comunicación Gubernamental de Sonora, Edgar Hiram Sallard, pero ahora el hackeo fue al teléfono del mismo gobernador Alfonso Durazo Montaño.
No se nos da muy bien eso de las nuevas tecnologías y por eso no tenemos la menor idea de cómo se logran perpetrar esas acciones invasivas, aunque suponemos que no debe ser cosa sencilla, en tanto que relativo a los propósitos, debe tratarse de intromisiones para detectar asuntos oscuros, diálogos comprometedores de los agraviados, engañar a incautos o simplemente exhibir debilidades del blindaje que debiera tener la comunicación de servidores públicos de primer nivel.
En el caso de Del Valle Colosio, se trató de diálogos presuntamente entre él y presidentes municipales, mientras que en el del gobernador, nada se sabe de alguna interacción o de algún indicio respecto a cómo es que se enteraron del denunciado hackeo, destacando la discreción de quienes tienen el número telefónico del mandatario y eventuales receptores de mensajes falsos de éste.
De acuerdo a las prospectivas de Sallard, a estas horas de domingo ya el gobernador debe tener su línea reactivada y sin pájaros en la nube, en tanto que en el caso del titular de Hacienda, no se supo si pudo hacer lo mismo y restablecer comunicaciones reales con sus interlocutores.
A lo mejor ha ocurrido antes y no se han dado a conocer esas acciones en contra de servidores públicos de primer nivel, pero que en esta ocasión se cometan en contra de quien tuvo en sus manos tareas de seguridad nacional y de inteligencia ya es el colmo, quedando solo esperar el resultado de las “pesquisas correspondientes” que alude el comunicador oficial de Durazo Montaño.
Por lo pronto, si Usted es de lo que tiene los contactos del gobernador y del titular de Hacienda, tome con reservas cualquier mensaje relativo a excepciones del pago de impuestos; la buena nueva de que ya amarró tal o cual chamba en el gobierno; una cita a tal hora en oficinas palaciegas o de alguna truculencia más con la que se pretenda embarrar a los agraviados.
Mientras tanto, la Auditoría Superior de la Federación ya comenzó a dispersar información diverse sobre la fiscalización a entes públicos en el ejercicio 2020, que en el caso del hackeado gobernador de Sonora no sale bien librado, al ser señaladas deficiencias administrativas en los procedimientos de adjudicación de servicios y compras, además de excederse en el gasto presupuestado.
Hay que recordar que el ahora gobernador de Sonora renunció como secretario federal de seguridad por allá en octubre del año pasado, aunque la ASF indica en su informe de cuenta pública 2020, que registró múltiples irregularidades en su gestión e “incumplió” con las políticas de austeridad republicana, al rebasar su presupuesto para “Materiales y Suministros” y “Servicios Generales”, en un 101 por ciento, lo que significó un total de 581.2 millones de pesos.
La ASF detalla varias irregularidades en distintos rubros que van desde la contratación de servicios de limpieza hasta adjudicaciones directas para favorecer a empresas en lo particular alegando cuestiones de seguridad nacional, aunque suponemos que como en todos los procesos de fiscalización se incluye la solventación de observaciones, tarea que en todo caso corresponden a su sucesora, la doñita esa que lleva por nombre Rosa Icela Rodríguez.
Por lo demás, luego de aquella explosiva estrategia mediática que culminó con el espectacular anuncio sobre el fin del huachicoleo por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, esta madrugada estalló un ducto de gas enla comunidad de San Pablo Xochimehuacán, en Puebla y el saldo hasta ahora es una persona fallecida, 15 heridas y más de 54 casas dañadas, más de 20 destruidas totalmente.
Lo ocurrido nos recordó a las terribles escenas del 18 de enero del 2019, cuando estalló un ducto de gasolina en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, resultando en la muerte de 137 personas que alegremente recogían el inflamable combustible en baldes y bidones, ante la complaciente mirada de policías y miembros de las fuerzas armadas.
Valga recordar que ese fue el pretexto para que se emprendiera una campaña nacional en contra del huachicoleo, que incluyó la compra de 800 pipas para que suplieran a los poliductos, sin que se sepa dónde quedaron esos vehículos, además de anunciarse ambiciosos programas llamados del bienestar, que mediante la entrega de becas y diversos apoyos, evitaría que la gente se viera en la necesidad de participar en el robo de combustible y también ser reclutada por el crimen organizado.
Como se sabe, esas dádivas y dispersión populista de millonarios recursos que despiden pestilente olor a corrupción, han servido para maldita la cosa al no disuadir a muchos jóvenes y no tan jóvenes de meterse en las patas de los caballos, y lo ocurrido en la madrugada de hoy en la citada comunidad poblana, recientes decomisos de miles de litros en Sonora, así como de ordeñas a lo largo de la red de ductos de Pemex es cosa de todos los días.
Así como es cosa de todos los días de la presencia de jóvenes en asuntos de orden criminal y que dicho sea de paso, en Sonora hace crisis por la violencia nunca vista en la historia y donde Ciudad Obregón mantiene protagonismo fundamental al registrar durante este mes de octubre casi tres homicidios dolosos al día, cifra macabra que pudiera incrementarse luego que se encuentren cuerpos de personas cuyos asesinatos se cometieron sin darles de balazos.
O sea, sigue el robo de combustibles y sigue la matazón entre bandas del crimen organizado, cuyas filas se siguen nutriendo de esos jóvenes a quienes no les han llegado los programas del bienestar o que si les ha llegado, no les alcanza y por eso buscan otras opciones de ingresos.
El caso de Ciudad Obregón es terrible, intimidante y no se ve cómo podría detenerse esa masacre en proceso, a no ser que se trate de una estrategia donde el objetivo es que las bandas rivales se maten entre ellos hasta que no quede ni uno, aunque como decíamos, son inagotables las opciones de reclutamiento, además de los daños colaterales.
El problema es grave para nuestros hermanos de por esos rumbos, pero más grave para el alcalde Javier Lamarque Cano, quien ante la situación ya no puede culpar a la “administración estatal”, como era su deporte antes del 13 de septiembre pasado y menos a la autoridad federal, cuando además heredó compromisos de su antecesor Sergio Pablo Mariscal, representado por Cándido Tarango como comisario de policía, así como en Guaymas Karla Córdova heredó de Sara Valle al tenebroso Andrés Cano Ahuir, militares ambos que personifican el fracaso de la militarización de mandos policiacos en los municipios.
Por lo demás, nos llega un documento firmado por la mesa directiva de la Asociación Sonorense de Exalcaldes A.C. que confirma que no es una vacilada la divulgada propuesta de MORENA y sus satélites en el Congreso del Estado, de desaparecer a 49 de los 72 municipios de la entidad atendiendo criterios demográficos y anexarlos a otros.
Se oponen a una estupidez más de esa caterva de representantes populares tipo maruchán y que desde la Cámara de Diputados creen que Sonora es tierra de conquista y terreno fértil para ocurrencias que no resisten análisis serios, que en el caso que nos ocupa, es un abierto atentado a la dignidad a miles de sonorenses que con orgullo llevan su origen de las distintas regiones de Sonora y de sus municipios.
La propuesta es desaparecer a todos los municipios que no superen los 10 mil habitantes, en el marco de una pretensión de gobernabilidad propia de idiotas y que implica una pesada carga de autoritarismo de parte de un mayoría que si le da la gana, lo va hacer, aunque si se acata la figura del Parlamento Abierto, recientemente aprobada, serán obligadas las consultas ciudadanas para que no sea una recua ajena a sus comunidades, la decida algo tan importante, que corresponde decidir por quienes viven, fincan sus tradiciones, su historia y recuerdos en esos municipios.
Bien el documento firmado por Lioncio Durazo, Ricardo Rivera y José Luis Beltrán, faltando ahora saber qué opinan presidentes municipales en funciones y sobre todo, qué opinan quienes viven en esos 49 municipios o quienes si bien no vivimos en ellos, tenemos arraigo familiar y patrimonial.
También firman como exdiputados locales, y promotores de la integración de esa asociación cuya fundación data desde el 2014, René Noriega, Francisco García Gámez, también exalcalde, José Luis Beltrán, Rosendo López y Enrique Torres Delgado.