Parecería que la imposición de la operación ilegal del Acueducto Independencia -con el que se despoja a la tribu yaqui y al sur de Sonora de las aguas del Río Yaqui- se hizo acompañar de imprecaciones y deseos malditos en contra del pueblo yoreme
Por Alberto Vizcarra Ozuna
Parecería que la imposición de la operación ilegal del Acueducto Independencia -con el que se despoja a la tribu yaqui y al sur de Sonora de las aguas del Río Yaqui- se hizo acompañar de imprecaciones y deseos malditos en contra del pueblo yoreme. Los males que se han dejado sentir sobre el territorio yaqui, desde que se hizo explícito el propósito de desviar los caudales del río hacia otro destino y otros usos, no han sido menores: van desde la persecución política, el encarcelamiento, las desapariciones y el asesinato de reconocidos voceros de la etnia, como Tomás Rojo Valencia.
Después de una década de resistencia social y legal, en contra de una obra que profundiza la falta de agua en Sonora, tres administraciones federales, de distintos orígenes partidarios, esto es del PAN, del PRI y de MORENA, se han hecho uno en el consentimiento a las violaciones a la ley, al estado de derecho, a los atropellos vulgares para lograr legalizar lo ilegal y terminar de coronar la obra como un testimonio de que en el manejo de las aguas nacionales lo que se hará valer es la fuerza y el interés especulativo sobre el recurso.
En este caso, los que se han ofertado como diferentes y que presumen no ser iguales, han hecho exactamente lo mismo y acciones aún más temerarias, para que el maldito acueducto se quede sin importar los costos sociales, económicos y políticos. En los últimos tres años del gobierno de la 4a transformación se aceleraron los procesos para consolidar la obra de Padrés, Calderón y Peña Nieto. Apenas a finales del año pasado, las delegaciones federales de CONAGUA y SEMARNAT, le otorgaron indebidamente a la alcaldesa de Hermosillo los permisos correspondientes para que continuara la construcción del acuaférico o ramal norte, extensión urbana del Acueducto Independencia para incrementar el robo del agua sobre la Cuenca del Río Yaqui.
Recientemente, la misma CONAGUA, arbitrariamente dispuso, con el respaldo de la Comisión Estatal del Agua y el organismo de Agua Potable de Hermosillo, aumentar en 600 millones de metros cúbicos la retención de agua en la presa del Novillo (adicionales a los almacenamientos ordinarios) para asegurar no poner en riesgo las extracciones del acueducto en los períodos de sequía, sin importar las afectaciones sobre los usuarios de la parte baja de la Cuenca del Río Yaqui, donde se encuentra el pueblo yoreme y la producción de granos básicos del Valle del Yaqui.
Estas acciones ilegales y de corte autoritario, (pues no se consultó a los eventuales afectados ni se planteó la decisión ante el Consejo de Cuenca del Noroeste) realizadas por la CONAGUA, perfilan de manera clara, que con la imposición del Acueducto Independencia, lo que se busca es ejercer una dictadura en el manejo de la cuenca en donde la prioridad estará definida por las grandes bolsas especulativas en torno a los mega negocios inmobiliarios que como buitres se han dado cita en la ciudad de Hermosillo. Y todavía los directivos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), pretenden convencer a la tribu yaqui de que el acueducto no les afectará.
Pero así como no lograron encandilar a Tomás Rojo Valencia, con los espejuelos que utilizan al amparo del Plan de Justicia para los Pueblos Yaquis, tampoco han convencido a una tribu que por generaciones ha lidiado con este tipo de engaños. Los males que han acompañado al Acueducto Independencia, no son condenas fatales. Serán conjurados con la resistencia y con una política que impulse en forma resuelta la gestión de más agua con la tecnología de la desalación y grandes proyectos de infraestructura hidráulica que nos saquen de la trampa perniciosa que induce a una guerra permanente al imponer el criterio estúpido de repartir un recurso que no alcanza.