Siempre sostuvimos que los criterios que normaron la decisión de construir el Acueducto Independencia –con el que ilegalmente se trasvasan las aguas del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo- no atendían a la idea de incrementar las capacidades productivas del estado de Sonora y por lo tanto tampoco al interés del desarrollo económico y el beneficio de la sociedad
Por Alberto Vizcarra Ozuna
Siempre sostuvimos que los criterios que normaron la decisión de construir el Acueducto Independencia –con el que ilegalmente se trasvasan las aguas del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo- no atendían a la idea de incrementar las capacidades productivas del estado de Sonora y por lo tanto tampoco al interés del desarrollo económico y el beneficio de la sociedad. Señalamos que el diseño de la obra no está medido por su tasa de retorno social, sino por criterios estrictamente monetaristas y especulativos, mesurados en función de una tasa de retorno en dinero para beneficiar a minorías privadas adictas a los recursos fáciles en los negocios inmobiliarios.
Desde el inicio de su ilegal construcción, hace ya más de una década, adelantamos que tales criterios rompían con el principio económico básico de sostener una política de gestión de más agua para potenciar las capacidades económicas de la entidad y en ese propósito establecíamos el imperativo de tratar al recurso como un insumo para el desarrollo y bienestar social, y no como una mercancía de referente especulativo en razón de una escasez real o inducida. Ahora vemos que este tipo de políticas estaban anticipando lo que recientemente se convirtió en noticia viralizada a finales del año pasado, cuando se anunció que el agua pasó a cotizar en los mercados especulativos de Wall Street.
En la segunda semana de diciembre pasado, CME Group –una compañía especializada en mercados de derivados financieros- comenzó a cotizar en bolsa derechos de uso del agua en California, específicamente en mercados de futuros. La aparición de esta compañía en el novedoso diseño especulativo en torno al mercado del agua, no es fortuita. Es el mismo corporativo que tiene poderosa injerencia y control sobre los mercados de futuros de los granos, especialmente el trigo. Ejerce con ello un amplio dominio sobre la actividad económica que más agua demanda: la producción de granos básicos. Gozan pues de larga experiencia especulativa en las commodities de los alimentos que ahora se proponen extender al manejo del agua.
El estado de California en los Estados Unidos ha sido sitio de experimentos desregulatorios, en materia económica, verdaderamente descabellados. Ahí se originó la especulación con los precios de la energía eléctrica que desembocó en la bancarrota del corporativo Enron en el 2001 con grandes perdidas para la actividad económica en general y para los consumidores domésticos. Que el agua pase a ser una mercancía dominada por criterios monetaristas y especulativos muy pronto podría distorsionar todos los procesos productivos. Un efecto sombra de incremento de precios en toda la producción de bienes y servicios, especialmente en el precio de los alimentos. La imposición de un valor arbitrario sobre un bien estratégico que solo debe de ser medido en razón de su desempeño en el aumento de las capacidades productivas del trabajo y del bienestar social, terminará en un tiempo muy corto en un gran fraude con daños inconmensurables sobre actividades fundamentales de la economía física.
Lo iniciado en California se inscribe en torno al auge que está tomando el llamado Green Deal (Acuerdo Verde) que bajo el fraude del origen antropogénico del calentamiento global, se proponen “descarbonizar el planeta”, reduciendo procesos industriales y agrícolas que demandan un uso intensivo de energía para con ello lograr reducir la población y disminuir la supuesta sobrecarga que padece el planeta. Los mismos intereses financieros privados que están bursatilizando el valor del agua son los que se encaminan a imponer una política bancaria y de crédito, de corte dictatorial, condicionando a las naciones más débiles a la agenda verde que los condenará a mantenerse en la pobreza y en el hambre.
En tal contexto, la lucha que se libra en Sonora en contra de esta misma política que se manifiesta en los criterios que animaron la construcción y la operación ilegal del Acueducto Independencia, es ejemplar. Nos hemos opuesto a la defensa de las ganancias financieras que van en detrimento de la producción de alimentos y de la existencia misma de la tribu yaqui, directamente afectada por el trasvase de las aguas del Río Yaqui a la ciudad de Hermosillo.
Lo más importante es que sostenemos el respaldo a una política de gestión de más agua con el proyecto de la desaladora Guaymas-Empalme-Hermosillo, cuya primera etapa concluye en el primer trimestre de este año e impulsamos el Plan Hidráulico del Noroeste (PLHINO), para ampliar las capacidades productivas de toda la costa del pacífico. No hay futuro para nadie si aceptamos la financiarización de bienes estratégicos como el agua.