La mañana de este 7 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, retomó el asunto relacionado con el conflicto por el agua, presumiblemente ocasionado por los productores rurales del estado de Chihuahua que se niegan a aportar la cuota que les corresponde para poder cumplir el tratado de aguas compartidas con los Estados Unidos
Por Alberto Vizcarra Ozuna
La mañana de este 7 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador, retomó el asunto relacionado con el conflicto por el agua, presumiblemente ocasionado por los productores rurales del estado de Chihuahua que se niegan a aportar la cuota que les corresponde para poder cumplir el tratado de aguas compartidas con los Estados Unidos. El presidente reconoció que en días recientes estuvieron en México representantes del Departamento de Estado, enviados, dijo, por Mike Pompeo, un secretario de estado que no se caracteriza precisamente por los buenos modales diplomáticos.
Al admitir la llegada de los hombres de Pompeo, y la entrevista de estos con el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, el presidente trasluce las presiones de quienes vienen a cobrar la deuda hídrica, cuyo plazo se estaría venciendo a finales de este mes, días previos a las elecciones presidenciales en lo Estados Unidos. No queremos dijo el presidente que “se vaya utilizar este asunto en contra del país”. Y luego hace un giro político y le transfiere la responsabilidad a los productores rurales de la parte centro-sur de Chihuahua quienes se niegan a sacrificar los cultivos del año entrante entregando los ahorros de agua que se mantienen en la presa la Boquilla, como cuota para el cumplimiento del tratado internacional.
Convertir a los productores de Chihuahua en el vértice de las presiones que ejerce Pompeo sobre México y reducir el asunto a un problema que atiende a cuestiones electorales, es sin duda una trivialización. Más cuando estudios recientes de CONAGUA reconocen que todo el norte de México vive una severa sequía y que el efecto sobre las presas internacionales del Río Bravo es catastrófico, en tanto que solo dispondrán de agua para abastecer a las ciudades fronterizas por un período menor a los próximos seis meses. Esto explica la presión del gobierno de México para sacarle más agua a la presa la Boquilla, primera estructura de aprovechamiento sobre el río Conchos, principal tributario del río Bravo.
El efecto negativo de la sequía no es solo sobre las presas internacionales del río Bravo, también impacta la reducción de almacenamientos en el río Conchos. Años atrás, los productores de la parte centro-sur de Chihuahua, usuarios de las aguas de la presa la Boquilla, podían cubrir su cuota de aguas comprometidas en el tratado y además realizaban tres cultivos al año. Ahora han reducido su actividad productiva a solo un cultivo para poder lograr los ahorros que le den sustentabilidad a la actividad agropecuaria de la región. Se les pide, injustamente, que entreguen esos ahorros y que el ciclo agrícola del año entrante quede a expensas del errático período de lluvias.
En marzo del 2012 la CONAGUA publicó un estudio cuya elaboración les llevó seis años. Lo titularon Programa Hídrico Visión 2030. Una especie de gran catastro sobre la disponibilidad de agua dulce en el país. Se revisa el estado de las cuencas hidrológicas y se señala que más del sesenta por ciento de las mismas tienen un déficit o en el futuro inmediato proyectan una condición deficitaria. Por ejemplo, en Sonora, sus tres principales ríos, esto es el río Sonora, río Yaqui y río Mayo, tienen en conjunto una brecha entre la llamada oferta sustentable y la demanda de más de 800 millones de metros cúbicos. El estado como unidad geoeconómica padece una brecha de 1 260 millones de metros cúbicos. Resulta más que evidente que Sonora y el norte de México sufren por falta de agua y no solamente por una eventual mala distribución. Es una realidad que el presidente López Obrador tiene que encarar en forma correcta, para que el país retome una política de gestión de más agua de la que nos despojó la política económica neoliberal.
Los posibles problemas de acaparamiento del agua en las zonas de riego del país, no son responsabilidad de los productores, son la consecuencia de las políticas públicas que con el retiro de la protección a la actividad primaria forzaron el rentismo y las distorsiones concomitantes en el manejo del agua. Acusar a los productores de huachicoleros del agua y de acaparadores del recurso, al mismo tiempo que se continúa favoreciendo los acuerdos comerciales (TMEC) que propician esos problemas, es además de un contrasentido, un acto de hipocresía.
Si los alcances de la Cuarta Transformación, no llegan a desmontar realmente las políticas económicas que nos llevaron a este desastre, los arrebatos del presidente en contra del acaparamiento del agua lo único que alentarán es una guerra de todos contra todos. Debería de saber que desgraciadamente, hay gente dentro del gobierno que confunde el caos con la transformación.