El grupo de panistas y ex funcionarios estatales encabezado por Juan Valencia Durazo, quienes fueron acusados por la presunta transferencia indebida de recursos, obtuvieron libertad al cubrir la reparación de daños por un monto de cinco millones de pesos, así lo explicó Pedro Pablo Chirinos Benítez
Sonora .- El grupo de panistas y ex funcionarios estatales encabezado por Juan Valencia Durazo, quienes fueron acusados por la presunta transferencia indebida de recursos, obtuvieron libertad al cubrir la reparación de daños por un monto de cinco millones de pesos, así lo explicó Pedro Pablo Chirinos Benítez.
El Fiscal de Delitos Electorales, explicó que tanto Valencia Durazo, como Miguel Méndez Méndez, Douglas Taylor y Enrique Terrazas, solicitaron el recurso de proceso abreviado, donde aceptaron su responsabilidad en los delitos planteados, por lo que se aplicó por parte del juez una condena condicional de tres años y medios.
Sin embargo, explicó que al tratarse de una pena menor a los cinco años, los inculpados tuvieron el derecho de acudir a la condena condiciones, es decir, tras la reparación del daño señalado se les brinda la oportunidad de compurgar la pena en libertad, bajo determinadas restricciones.
“Por el quantum de la condena alcanza a llevarse en libertad, con algunas restricciones como son mantener un domicilio establecido, acudir a firmar los libros respectivos en el Cereso, no ingerir bebidas alcohólicas o embriagantes o estupefacientes”
Chirinos Benítez, explicó que el dictamen de la autoridad judicial establece que cualquiera de los inculpados viola estas condiciones, se puede revocar el beneficio y proceder al cumplimiento del resto de la condena en prisión.
Sin embargo, expuso que la reparación de daños no exonera a los inculpados, pues queda pendiente otro proceso de investigación por una presunta transferencia indebida de 96 millones de pesos.
“De echo esos 96 millones de pesos incluían esos cinco millones, ahora iríamos por la resta, pero sí es la misma situación nada más que en lo que ya se sentenció y lo que dijo el juez, es que estaba prohibido que el gobierno del estado directamente girará órdenes de pago a un partido político”.